Refugio Franciscano

I. Trafico de influencias, ilegalidad y abuso de poder

Alejandro Envila Fisher

Pocos casos de abuso de autoridad y sospechas de corrupción, por indicios tan sólidos que resulta imposible ignorarlos, han sido tan impactantes y mediáticos como la disputa legal y el desalojo violento del Refugio Franciscano; un albergue para animales abandonados en la Ciudad de México que opera en el poniente, en la alcaldía Cuajimalpa, en un terreno entregado en comodato, ex profeso, por el filántropo Antonio Haghenbeck.

El conflicto escaló cuando la Fundación Haghenbeck, que administra los bienes del desaparecido filántropo, exigió al comodatario, la asociación civil Refugio Franciscano, la devolución del predio ubicado en Cuajimalpa aunque ello implicara desconocer la voluntad de Antonio Haghenbeck, expresada en su testamento. La Asociación Civil Refugio Franciscano defendió la legalidad y legitimidad de su posesión del predio y lo que siguió fue una feria de irregularidades judiciales y abiertas ilegalidades, como el incumplimiento de suspensiones federales que protegían al refugio, detonadas a partir de diciembre de 2025 y cuyo final aún no llega.

La narrativa que pudo seguir la sociedad entera a través de las redes sociales, exhibió un uso excesivo de la fuerza policial, la desaparición de cientos de animales tras su cuestionable sustracción y, en el sustrato del conflicto, una trama inmobiliaria que involucraba a la propia Fundación Haghenbeck en una compraventa del predio tan irregular que resulta increíble, debido al enorme valor comercial del terreno que los directivos de la Fundación Haghenbeck habrían malbaratado en el mejor de los casos, pero que estaba ocupado por un millar de perros de la calle y sus cuidadores animalistas, por voluntad de Antonio Haghenbeck.

La venta del terreno, un bien de la Fundación Haghenbeck que nunca debió salir de su patrimonio, concretada a un precio declarado ridiculamente bajo y acompañada de cualquier cantidad de actuaciones fuera de la ley orientadas a desalojar a los perros del predio, acabó de reforzar la impresión de que la disputa en realidad es y siempre fue por el terreno, no por las condiciones en que se encontraban los perros refugiados en él.

Con toda la intención de ocultar el trasforndo inmobiliario, la directora de la Fundación Haghenbeck, Carmela Rivero Jiménez, apoyada por un coro de inflencers a modo que, de la noche a la mañana, se convirtieron en expertos animalistas, sostenía que su lucha era por mejorr las condiciones de los mil 100 perros albergado en el Refugio Franciscano, pero en el fondo, la compraventa a un precio irreal del terreno de 16 hectáreas, 650 mil pesos, indicaba una motivación muy distinta a la protección de los animales. La forma en que días después fueron desalojados por las autoridades del gobierno de Clara Brugada, que en todo momento respaldó la posición de Carmela Rivero, y las condiciones en que hacinaron a los perros y gatos removidos del Refugio Franciscano, confirman que la motivación era inmobiliaria y no animalista.

Pocos casos han exhibido la pobre integridad del sistema judicial como el desalojo del Refugio Franciscano y los animales que vivían en él, pues juzgados, actuarios, al menos un notario, agentes del Ministerio Público, funcionario del Gobierno de la Ciudad de México y hasta la policía capitalina, actuaron de forma coordinada en contra de resoluciones judiciales válidas y firmes, para despojar a los legales y legítimos ocupantes de un predio cuyo propietario original lo había destinado a un solo fin: albergar animales abandonados en la ciudad de México.

Esta serie pretende dejar testimonio no solo de una injusticia, sino de la forma en que el dinero se usa para manipular al sistema de procuración y administración de justicia, con el objetivo de hacer más dinero y, en este caso, apropiarse por la vía de la administracion fraudulenta, de los bienes de una institución constituida en favor de la filantropía: la Fundación Antonio Haghenbeck.