III. El trasfondo inmobiliario, motivo de las irregularidades contra el Refugio Franciscano

Alejandro Envila Fisher

Un dato alarmante que cruza todo análisis que se pueda hacer sobre el conflicto entre la Fundación Haghenbeck y la asociación civil Refugio Franciscano, es que el terreno de 16 hectáreas, ubicado en Cuajimalpa, una zona de altísima plusvalía, fue vendido en 2020 por solo $650,000 pesos. Por el monto se presume que esta operación es una compraventa a precio simulado (en algunos cálculos se habla de que es apenas una milésima parte del valor comercial real del terreno). El hecho sugiere una defraudación fiscal en detrimento de la Hacienda de la Ciudad de México y al mismo tiempo, una administración fraudulenta del patrimonio de la Fundación Antonio Haghenbeck de la Lama, además de establecer de forma clara un interés inmobiliario detrás del desalojo del predio asignado por el filántropo al refugio.

Irregularidades judiciales y el rol de las autoridades

Además de las sospechas por el precio de venta del terreno, la disputa legal entre el Refugio Franciscano y la dirección de la Fundación Haghenbeck se caracteriza por dos cosas: una serie de irregularidades procesales graves y un papel por lo menos controvertido de diversas autoridades de la Ciudad de México, quienes han sido señaladas por vulnerar el principio de legalidad y desatender mandatos federales.

Como irregularidades Judiciales en el Proceso Civil por la posesión del predio están:

1.     Aceleración inusual y violación del plazo para apelar. El Juzgado 60 Civil de la CDMX concluyó el proceso inicial en solo nueve meses. Eso es inusitado en el Poder Judicial de la capital del país. El entonces juez, José Manuel Salazar Uribe, ordenó el desalojo inmediato del inmueble, sin respetar el plazo legal que el Refugio Franciscano tenía para apelar su sentencia.

2.     Mediación bajo presión. En noviembre de 2022, las directoras del Refugio fueron citadas a una mediación inusual, fuera del horario de oficina del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde fueron presionadas para firmar un convenio judicial que consistía en entregar el predio de Cuajimalpa a cambio de una promesas de la Fundación Haghenbeck, de construir otro albergue para los perros, en un terreno de Texcoco conseguido por el propio Refugio Franciscano. El proyecto ejecutivo para construir el albergue de Texcoco nunca existió, por lo que la promesa de la Dirección de la Fundación Haghenbeck, que nunca se cumplió, era inviable.

3.     Validación de inspecciones y peritajes viciados. En agosto de 2024, el juez Ricardo Oropeza Bueno avaló una inspección técnica en Texcoco a pesar de que se omitió la presencia del personal del Refugio Franciscano y no se cumplieron los lineamientos establecidos. Con posterioridad, la juez Yépez Arreola dictó una segunda orden de desalojo basada en un peritaje que inventó obligaciones (entregar escrituras del predio de Texcoco) que nunca estuvieron en el convenio original firmado entre la Fundación Haghenbeck y el refugio Franciscano.

4.     Trato de los animales como objetos. La juez Miriam Yepez Arreola también ordenó el "resguardo" de los animales con un trato de objetos inanimados, lo que implicó ignorar su estatus de seres sintientes.

El Papel de las Autoridades Ejecutoras y

de Seguridad Pública de la CDMX

• Uso excesivo de la fuerza y grupos irregulares. El 10 de diciembre de 2025, con la presencia de un actuario del Poder Judicial de la CDMX, se ejecutó de forma ilegal una orden de desalojo en el predio de Cuajimalpa. El desalojo era ilegal porque ocurrió cuando el plazo para apelar la orden judicial de desaucio aún no vencía, lo que implicó violar el debido proceso y el derecho a la defensa de la asociación Refugio Franciscano.

• Autoridades que avalan lo irregular. En la toma del predio ese 10 de diciembre de 2025, participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), apoyados por un grupo de 30 encapuchados que decían ser elementos policiacos, pero que nunca se identificaron con documentos. Todas esas acciones fueron atestiguadas y avaladas por un actuario del tribunal capitalino. Semanas después, el 7 de enero de 2026, más de 200 policías de la CDMX fueron empleados para sustraer del predio a más de mil animales, de forma violenta, sin cuidados mínimos y ante los ojos de la opinión pública que había empezado a manifestar severas dudas sobre la legalidad de la actuación de la Fundación Haghenbeck y las autoridades capitalinas, pues para ese momento ya era evidente que se estaban violando derechos de una de las partes en el conflicto y que además, los perros eran lo que menos importaba a las autoridades y a la Fundación Haghenbeck.

• Desatención de mandatos judiciales federales (Amparos). Esta es una de las irregularidades más críticas. A pesar de que juzgados federales y el Cuarto Tribunal Colegiado emitieron suspensiones provisionales y definitivas ordenando la restitución inmediata de los animales y el inmueble a la asociación Refugio Franciscano, la SSC, la BVA y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) han ignorado sistemáticamente estas órdenes.

• Retrasos y falta de transparencia. La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) ingresaron al albergue oficialmente dos días después de que la Fundación Haghenbeck ya había tomado posesión del mismo de forma irregular. Durante esos dos días, personal de la Fundación Haghenbeck se dedicó a grabar videos y audios de las condiciones de los perros albergados por el Refugio Franciscano -perros rescatados de la calle-, para construir una falsa historia de maltrato animal que adjudicaron al personal del Refugio, con la que iniciaron una nueva campaña de desprestigio en redes sociales, apuntalada por sus amigos influencers y secundada por las propias autoridades de la Ciudad de México, que hicieron eco del material audiovisual y reprodujeron las acusaciones de maltrato animal lanzadas por la Fundación Haghenbeck y sus voceros. El objetivo era claro: manipular a la opinión pública a partir de una narrativa falsa orientada a mostrar al Refugio Framciscano y a su personal, como maltratadores de animales, cuando llevan más de 40 años albergando, alimentando y protegiendo perros abandonados en la ciudad.

• Confabulación. Estas mismas autoridades que reprodujeron las acusaciones de maltrato contra el equipo del Refugio Franciscano, han sido omisas para informar, con certeza y exactitud, el paradero y estado de todos los animales sustraídos de Cuajimalpa, a pesar de estar obligadas judicialmente a ello, además de que han ignorado la orden judicial de devolver a los animales a las instalaciones de Cuajimalpa, que por otra resolución judicial tuvieron que ser devueltas a la asociación refugio Franciscano.