1. La reforma al 123 constitucional

1) Burocracia en suspenso;

la justica salarial que no llega

(Parte 1)

Una reforma aprobada y congelada

Alejandro Envila Fisher

Apenas unos meses antes de entregar la Presidencia a Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dejó tarea a Morena y a su sucesora. El 5 de febrero de 2024 el mandatario anunció un paquete de 20 reformas constitucionales que consolidarían el cambio político impulsado desde su movimiento. Las reformas se han aprobado para modificar la arquitectura constitucional del país, pero hay una que, a pesar de tener impacto directo en el postulado de justicia social que sustenta al gobierno actual, a pesar también de estar aprobada por unanimidad, no ha sido ni declarada constitucional ni tampoco promulgada y, en consecuencia sigue sin aplicarse.

Se trata de la reforma al Apartado B del artículo 123 constitucional, con la cual se busca, o se buscaba, garantizar que maestras y maestros de escuelas de tiempo completo de educación básica, policías, efectivos de la Guardias Nacional, miembros  permanentes de la Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeros, tengan un salario por lo menos igual al salario promedio registrado en el IMSS (calculado al presentar la modificación alrededor de los $16,777 pesos mensuales). Parecía un cambio de auténtica justicia social que permitiría a los servidores públicos de base, los que menos ganan, alcanzar un mínimo de bienestar. Sin embargo, a la fecha ese objetivo no se ha materializado; los salarios de la burocracia baja siguen detenidos.

Hoy la 4T se encuentra ante una encrucijada política. Compleja e incómoda: exigió todo a los gobiernos neoliberales cuando era oposición, lo prometió y lo llevó hasta la constitución cuando se convirtió en gobierno en el gramo final de la administración de López Obrador, pero ahora que le corresponde promulgar su propia reforma y hacerla realidad en el salario de los servidores públicos del más bajo nivel, no está dispuesto a quitarle recursos a los programas sociales para liberar el presupuesto necesario para aumentar cerca de 39 mil millones de pesos anuales, a valor actual, a la nómina gubernamental.

Puntos clave de la reforma

• Sueldo base mínimo. Establece un piso salarial para personal prioritario del Estado igual al promedio nacional de cotización en el IMSS.

• Sectores beneficiados. Maestros de educación básica, elementos de seguridad pública, fuerzas armadas y sector salud público.

• Estatus actual. Aunque cuenta con ala aprobación de ambas cámras del Congreso de la Unión y de prácticamente todos los copngresos locales., falta la declaratoria oficial de constitucionalidad y su publicación formal en el Diario Oficialñ de la Federación, su promulgación. Estos dos pasos, uno antes que el otro, se han detenido porque existe la duda fundada del impacto presupuestal que tendrá patra el Gobierno federal su aplicación.