3. Reforma salarial avalada por unanimidad, pero vetada

Alejandro Envila Fisher

Todos la aprobaron

La reforma constitucional al artículo 123 en materia de salarios para trabajadores del Apartado B fue aprobada por unanimidad. Todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión votaron a favor, aunque el proyecto salió del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una reforma de alto consenso social y oponerse a ella habría tenido un costo político importante para quienes lo hicieran. Tanto el bloque oficialista como el opositor votaron a favor de la minuta y validaron el cambio constitucional. Lo mismo ocurrió en los congresos locales, a los que tuvo que ir por tratarse de una reforma constitucional. 

Morena, el Partido Verde y el PT, como la coalición gobernante, aprobaron el proyecto de reforma, pero también lo hicieron el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, el llamado bloque opositor, por lo que la modificación al apartado B del artículo123, hoy congelada, es responsabilidad de todos.

La votación en las cámaras

Pocas reformas, prácticamente ninguna, logran el consenso en un escenario de polarización política como el que vive México desde hace al menos una década. Sin embargo esta reforma lo consiguió a pesar de que todos los actores que la aprobaron, oficialistas y opositores, tendrían que haber estado concientes, lo estaban de hecho, de que las finanzas públicas no podían soportar el compromiso financiero que ese cambio de niveles salariales implicaba.

En San Lázaro, los diputados aprobaron la modificación el 24 de septiembre de 2024 con 478 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones. Todos los legisladores presentes votaron a favor. En el Senado de la República, el 9 de octubre del mismo año, unos días después de que López Obrador había dejado la Presidencia, ocurrió lo mismo: 124 votos a favor de 128 posibles, sin abstenciones ni votos en contra.

Tras su aprobación en el Congreso federal, la minuta inició su recorrido por los congresos estatales. Necesitaba que 17 congresos locales la aprobaran para ser constitucional, pero obtuvo el aval de los 32 legislativos estatales. A pesar del respaldo unánime, hoy el proceso legislativo sigue suspendido, a la espera de que el Senado de la República emita la declaratoria de constitrucionalidad, indispensable para que el Poder Ejecutivo ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como eso no ha ocurrido desde el 5 de diciembre de 2024, cuando el Congreso de Aguascalientes aprobó la reforma, los burócratas siguen sin percibir mejores ingresos.

Las causas de la demora

La razón principal de que no se haya emitido la declaratoria oficial de constitucionalidad de la reforma en materia de salarios es el impacto impacto presupuestal del cambio. Algunos legisladores hablan de que se han prirorizado otros asuntos de la propia agenda lanboral del Congreso, pero la realidad es que casi dos años em la congeladora de una reforma de alto impacto social no obedecen a un problema de agenda sino de voluntad política derivada de un insuficiente flujo financiero.

A diferencia de otras iniciativas de la misma fecha, el retraso, con origen técnico pero también político se debe a los siguientes factores:

1. El cálculo de la viabilidad financiera (Gasto Recurrente)

El Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda continúan calibrando cómo se puede absorber el impacto de los casi 40 mil millones de pesos anuales que requiere la reforma. Al tratarse de un gasto permanente, pero además indexado al salario promedio del IMSS (un indicador que sube constantemente por encima de la inflación), el gobierno mexicano necesita asegurar el fondeo presupuestal a largo plazo antes de obligarse constitucionalmente a pagarlo.

2. Rezago e impacto presupuestal en estados y municipios

Aunque todos los congresos locales ya dieron su aval político, muchos de los presupuestos estatales y municipales, quizá todos, carecen de los recursos suficientes para cubrir de inmediato el aumento a sus policías locales, médicos o maestros estatales.

En los hechos, la falta de declaratoria ha servido como un veto de bolsillo en detrimento de una burocracia que creyó la promesa de justicia salarial que López Obrador les hizo al final de su mandato.

La alternativa

No se trata de un problema sin salida. Tiene una complejidad técnica importante por el monto de dinero que se requiere de forma permanente para cumplir con los cambios aprobados, pero el gobierno federal ya destina una muy importante cantidad de recursos al gasto social y, si tuvierra voluntad política, podría redirigir una parte de ese gasto para cumplirle a la burocracia. Las becas del bienestar se recien estos recursos en 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores           526 mil mdp

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina                             129 mil mdp

Becas para Educación Media Superior                                                  42 mil mdp

Becas para Educación Superior                                                            12.6 mil mdp

Apoyo para Madres Trabajadoras                                                             3 mil mdp

En números redondos, hay 712 mil millones de pesos dedicados a apoyos, pensiones y becas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. El costo de hacer realidad una reforma constitucional que ya se aprobó y beneficiaría a la burocracia de bajo nivel, con todas sus familias, implicaría el 5.6% de lo que el gobierno federal ya eriga en la actualidad en conceptos de gasto social.

La decisión de detener la reforma salarial de la burocracia después de que llevó a la constitución y se aprobó por unanimidad, es más política que técnica, porque dinero hay, solo que se ha decidido gastar en otros conceptos que son de impacto social, al igual que el salario de los trabajadores al servicio del Estado.