2. El costo presupuestal de la reforma salarial para la burocracia

Burocracia en suspenso;

la justicia salarial que no llega

 (Parte 2)

El costo presupuestal de la reforma y la irresponsabilidad política

Alejandro Envila Fisher

El beneficio político de promover mejores salarios para la burocracia baja era tan evidente como el costo político de oponerse a un cambio en ese sentido. Por eso todos los partidos apoyaron el proyecto de López Obrador. Sólo había un problema: la disponibilidad presupuestal. De dónde saldría el dinero para financiar ese aumento fue algo que todos los legsiladores sabían que se debía resolver, pero nadie quiso preguntarlo de forma aboerta durante el proceso legislativo porque, aunque era el asunto fundamental, resultaba sumamente impopular hacerlo, así es que todos cerraron los ojos y levantaron la mano para aprobar.

El impacto presupuestal

Considerado el gran obstáculo para instrumentar lo que ya fue aprobado por los congresos federal y locales, el impacto presupuestario estimado para hacer realidad la reforma salarial a los trabajadores comprendidos en el Apartado B del artículo 123 constitucional, la burocracia, asciende a 39 mil 864 millones de pesos anuales, de acuerdo con las proyecciones técnicas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. El desglose del gasto que la medida implicaría se podría desagregar en los siguientes rubros:

1. Costo por sector beneficiado

La reforma conllevaría un esfuerzo financiero para homologar los ingresos de los servidores públicos estatales con salarios más rezagados, que llegan a percibir entre $6,800 y $12,000 pesos al mes, a partir de un nuevo piso: salario mínimo de la burocracia, garantizado en la constitución, cercano a los $17,000 pesos mensuales para cada trabajador. 

• Educación Básica. Se contempla incremento salarial para maestros y maestras de tiempo completo.

• Sector Salud. Ajuste base para médicos y personal de enfermería del sector salud empleados en una institución pública.

• Seguridad y Fuerzas Armadas. Nivelación salarial para policías estatales y municipales, guardias nacionales y miembros de las Fuerzas Armadas permanentes.

2. El factor de ajuste inflacionario

• Piso Dinámico. El costo total no es fijo, pues la reforma obliga a que el salario de referencia (el promedio de cotización del IMSS, que se ubicó inicialmente sobre los $16,777 pesos pero ha continuado subiendo) aumente siempre por encima de la inflación anual. Esto implica que el presupuesto federal y local deberá recalcularse y expandirse de forma progresiva en cada ejercicio fiscal, por encima de la inflación, sólo para atender este capítulo de gasto

3. Presión financiera en los estados

• Problema para los gobiernos estatales y municipales. Gran parte de las policías, el personal de salud y el de educación básica dependen de los presupuestos de las entidades federativas y los municipios. Eso implica que serían los gobiernos estatales los que tendrían que cargar con el costo de una parte muy importante del ajuste salarial al que la reforma obliga.

• El motivo del "congelamiento". Analistas económicos y legisladores de la oposición señalan que la falta de la declaratoria oficial de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se debe precisamente a que el gobierno federal y los estados siguen buscando, soin encontrarla, la forma der darle viabilidad financiera a la reforma, es decir, de sioportar ese aumento de sus nóminas, gasto recurrente, sin desequilibrar las finanzas públicas.

La explicación real

A lo largo de décadas, pero en particular en los últimos diez años, desde que terminó el boom petrolero que arrancó durante el foxismo para México, las finanzas públicas estatales y municipales han dependido fundamentalmente de las participaciones federales. En la situación actual, con crecimiento económico cercano a cero en los últimos años, ningún gobierno estatal podría financiar ese aumento salarial a su burocracia baja, ni tampoco el gobierno federal estaría en las condiciones de aumentar las participaciones federales a los estados para que hicieran frente a la obligación de mejorar, de golpe, los sueldos de sus empleados.