I. El caso García Andrade; nueva condena al Estado mexicano

Alejandro Envila Fisher

Una vez más el Estado mexicano es condenado en un tribunal internacional. En esta ocasión no se le responsabiliza por desaparición forzada como en el caso de Rosendo Radilla, pero sí se le culpa por no poder ofrecer seguridad a una de sus ciudadanas primero y, lo más importante, por la cadena de omisiones, negligencias y errores en la investigación del feminicidio, que resultaron en una sucesiones de violaciones a los derechos humanos de la primera víctima, Lilia Alejandra García Andrade, de su madre, Norma Andrade, y de los hijos de la asesinada: Jade Tikva y José Caleb, que al final también se convierten en víctimas.

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez. El texto de la resolución explica que las autoridades mexicanas fallaron en proteger a la víctima primero y, tras su desaparición y posterior asesinato, omitieron realizar una investigación diligente.De forma adicional, la sentencia de la CIDH reconoce la falta de seguridad brindada a su madre, Norma Andrade, quien sufrió atentados motivados por su labor como defensora de derechos humanos. La sentencia también establece que el gobierno de México debe cumplir con medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas, apoyo psicológico a los deudos y reformas legales para prevenir la violencia de género. La publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación formaliza el compromiso de las instituciones nacionales para acatar el fallo internacional y procurar justicia para la familia afectada.

Los hijos de la víctima, segundos afectados

El asesinato de Lilia Alejandra García Andrade y el posterior tratamiento que se dio a su caso, tuvieron un impacto profundo, continuo y estructural en la vida de sus dos hijos, Jade Tikva (quien tenía un año y ocho meses al momento de los hechos) y José Kaleb (de tan solo cinco meses). Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las afectaciones principales a los hijos fueron:

• Daños a la integridad física y mental. La Corte determinó que el sufrimiento de los niños no solo derivó de la pérdida de su madre, sino también de la angustia por la falta de justicia y los atentados sufridos por su abuela, Norma Andrade, quien era su cuidadora principal.

• Desplazamiento forzado e inseguridad. Debido a las amenazas y ataques contra su abuela en Ciudad Juárez, Chihuahua, los niños tuvieron que desplazarse a la Ciudad de México, lo que afectó su derecho a la circulación y residencia, además de generarles aislamiento.

• Precariedad económica y desprotección. Los menores vivieron en una situación de precarización económica y desprotección institucional. Además, sus abuelos enfrentaron trabas institucionales que les impidieron asumir plenamente la crianza de sus nietos tras la muerte de Lilia Alejandra.

• Revictimización institucional. La búsqueda de la verdad sobre el asesinato de su madre y el contacto con las autoridades estatales resultaron en una revictimización constante para Jade y Kaleb.

• Daño al proyecto de vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el feminicidio de su madre y las circunstancias posteriores que derivaron de ese hecho truncaron y alteraron gravemente su desarrollo y sus expectativas futuras, configurando un daño a su proyecto de vida.

Debido a estos razonamientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable de violar sus derechos a la integridad personal, a la protección de la familia y a los derechos de la niñez. Como parte de las reparaciones, se ordenó al Estado brindarles tratamiento médico y psicológico, así como implementar medidas específicas de protección para niños en situación de orfandad por feminicidio.