1. Ponte a mano en Nuevo León

*Samuel García legaliza la extorsión gubernamental

*Impunidad a cambio de aportaciones económicas

Alejandro Envila Fisher

Creado por el gobernador Samuel García, el programa Ponte Nuevo surgió como una iniciativa de colaboración entre el gobierno de Nuevo León y el sector privado para financiar obras públicas y proyectos sociales rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el esquema ha generado una intensa controversia debido a la oferta del gobernador de brindar un trato preferencial y evitar clausuras a las empresas participantes.

Esta situación provocó que el Consejo Cívico y legisladores locales denunciaran una evidente desigualdad ante la ley ofrecida por el mandatario mismo. Su argumento  es que las obligaciones estatales no deben condicionarse a aportaciones económicas.

Las acusaciones escalaron hasta confeccionar el término de extorsión institucional y hablar de cohecho. Ante el escándalo, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación formal para determinar la legalidad del proyecto. Actualmente, el gobierno estatal enfrenta una crisis de transparencia mientras los organismos empresariales mantienen una postura reservada sobre el polémico intercambio de protección por recursos.

El programa Ponte Nuevo (también conocido como "Ponte Nuevo, Ponte Mundial") debería tener un impacto directo y proyectado en la infraestructura del estado de Nuevo León a través de un esquema de colaboración e inversión entre el gobierno y la iniciativa privada. De origen, sus objetivos eran:

• Rehabilitación deportiva y urbana de cara al Mundial de la FIFA 2026. El programa inició con el propósito de embellecer el entorno, reforestar, pintar murales urbanos bajo el proyecto "Trazos Mundialistas", y rehabilitar más de 500 canchas de fútbol.

• Aportaciones de la iniciativa privada. Al arranque oficial del programa se sumaron 106 empresas que aportaron inicialmente más de 350 millones de pesos, cifra que posteriormente escaló a casi 500 millones, destinados específicamente a financiar infraestructura pública, áreas verdes y seguridad.

• Proyección de inversión a largo plazo. El Mundial de futbol terminó hace más de un mes, pero ahora el gobierno de Samuel García, mediante un decreto para convertir el programa en un legado permanente, proyecta alcanzar una bolsa de hasta 2,000 millones de pesos con aportaciones del setor privado, para obras públicas, agua, seguridad y medio ambiente.

El desarrollo y ejecución de esta nueva iniciativa del gobernador enfrenta importantes obstáculos y fricciones, tanto políticas como legales, adrmás de cuestionamientos éticos.

• Freno legislativo por falta de transparencia. Diputados del Congreso local han exigido al Poder Ejecutivo que transparente con urgencia las reglas de operación, los montos recaudados, la lista de empresas aportantes y el destino exacto del dinero de "Ponte Nuevo".

• Polémica por el "trato preferencial". El gobernador Samuel García ofreció a las empresas participantes facilidades en trámites estatales, atención directa contra extorsiones y el esquema de "Cero Clausuras" (garantizando que no serían "molestadas" por auditorías del SAT local, la Secretaría de Medio Ambiente o la Inspección del Trabajo).

• Investigación penal. Esta vinculación entre aportaciones económicas para infraestructura y beneficios en forma de exención de inspección llevó a que la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León abriera una investigación de oficio por el probable delito de cohecho (tipificado en el artículo 215 del Código Penal del estado).

• Extorsión. El hecho ha generado un debate sobre si el financiamiento de estas obras públicas se está logrando mediante lo que críticos y diputados opositores señalan como un esquema de "extorsión institucional" o "cuotas y protección oficial", para exentar obligaciones gubernamentales de revisión que deberían aplicarse por igual a todos los ciudadanos y empresas.

La postura de Samuel

El gobernador de Nuevo León defendió la institucionalización del programa asegurando que busca consolidar una alianza con la iniciativa privada para reunir  una bolsa de hasta dos mil millones de pesos que se destinarían a infraestructura y desarrollo social.

Ante la polémica generada por sus declaraciones —en las que sugirió que las empresas participantes tendrían un trato preferencial, como acceso a esquemas de "Cero Clausuras" para agilizar trámites y atender denuncias contra actos de extorsión de funcionarios—, el mandatario ha sostenido que el objetivo es premiar y dar certeza a quienes cooperan con el estado, pero no desmintió el esquema de incentivos ilegales que se le atribuye.

Las reacciones

Sus dichos, ya con la polémica estallada, provocaron un fuerte rechazo.

• El Consejo Cívico de Nuevo León y diversos organismos empresariales expresaron su inquietud y le exigieron no condicionar la agilización de trámites ni los beneficios gubernamentales a cambio de aportaciones económicas. Le demandaron piso parejo para todas las empresas.

• La Diputación Permanente del Congreso local exigió al gobierno estatal un informe detallado sobre los fondos y reglas de operación de los programas "Ponte Nuevo" y "Cero Clausuras", al advertir que una obligación del estado no puede convertirse en un privilegio condicionado a un pago.