Despojo, mapa rojo del delito en CDMX

Cortesía Diario Basta

Iztapalapa, Cuauhtémoc y GAM, líderes en denuncias

Colonias céntricas y populares concentran miles de investigaciones acumuladas por despojo; especialistas alertan crisis patrimonial, impunidad y redes criminales inmobiliarias

Juan R. Hernández

El delito de despojo inmobiliario alcanzó niveles sin precedente en la Ciudad de México, pues entre el 2 de enero de 2016 y el 11 de abril de 2026 se abrieron más de 34 mil carpetas de investigación, de acuerdo con un seguimiento realizado por este reportero para Diario Basta.

La crisis tiene una clara concentración territorial: Iztapalapa encabeza la lista con 4 mil 850 denuncias, seguida por Cuauhtémoc, con 4 mil 55, y Gustavo A. Madero, con 3 mil 672, cifras que exhiben la magnitud de un delito que hoy representa una de las principales amenazas contra el patrimonio de los capitalinos.

Los datos revelan que el despojo dejó de ser un conflicto aislado entre vecinos o familiares para transformarse en un negocio altamente rentable para grupos especializados en la apropiación ilegal de viviendas, terrenos y locales comerciales. Estas organizaciones recurren a la falsificación de escrituras, juicios simulados, suplantación de identidad y presuntas redes de corrupción para arrebatar inmuebles a sus legítimos propietarios.

Después de las tres alcaldías con mayor incidencia aparecen Tlalpan, con 2 mil 754 carpetas; Benito Juárez, con 2 mil 270; Xochimilco, con 2 mil 104; Venustiano Carranza, con 2 mil 71; Coyoacán, con 2 mil 46, y Álvaro Obregón, con 2 mil 14. Todas superan las dos mil investigaciones, reflejando que el fenómeno se extendió tanto a zonas populares como a corredores de alta plusvalía.

En un segundo bloque figuran Miguel Hidalgo (1,891), Tláhuac (1,740), Azcapotzalco (1,733), Iztacalco (1,472), La Magdalena Contreras (709), Cuajimalpa (665) y Milpa Alta (569), esta última con la menor incidencia registrada durante el periodo analizado.

La radiografía territorial muestra dos patrones claramente diferenciados. En las alcaldías periféricas predominan las invasiones de terrenos y viviendas aprovechando el abandono de inmuebles, conflictos sucesorios o la ausencia temporal de propietarios. En contraste, en las zonas céntricas y de mayor valor inmobiliario prevalecen los despojos mediante fraude procesal, escrituras apócrifas y litigios simulados, donde víctimas y especialistas denuncian la participación de operadores jurídicos y presuntas redes de corrupción.

De problema familiar a crimen organizado

El estudio "Propiedades ilegales. Un estudio sociojurídico sobre el despojo en la Ciudad de México", elaborado por el investigador del CIDE Rodrigo Meneses Reyes, sostiene que la violencia asociada al despojo sigue patrones territoriales bien definidos y que el valor del suelo convierte a numerosas colonias en objetivos permanentes para estas organizaciones.

El especialista advierte que este fenómeno ya no puede entenderse únicamente como un conflicto entre particulares, sino como un problema de seguridad pública y acceso a la justicia que exige investigaciones especializadas y mecanismos eficaces para devolver los inmuebles a sus dueños legítimos.

Top de colonias conflictivas

El mapa por colonias confirma la expansión del delito. Aunque el rubro "Sin dato" concentra mil 166 expedientes, la colonia Centro encabeza los registros con 690 carpetas, seguida por Agrícola Oriental (373), Roma Norte (341) y Doctores (333). También destacan Santa María la Ribera (288), Obrera (266), Moctezuma Segunda Sección (253), Pedregal de Santo Domingo (246), Morelos (238), Guerrero y Agrícola Pantitlán con 232 casos cada una.

La lista continúa con Pueblo San Miguel Topilejo (210), Narvarte Poniente (193), Juárez (178), Roma Sur (174), San Rafael y Narvarte Oriente (168), además de Jardín Balbuena, Ejército de Agua Prieta, Vasco de Quiroga, Chinampac de Juárez, Buenavista, Barrio San Miguel, San Felipe de Jesús, Portales Norte, Álamos, Hipódromo, Cuauhtémoc e Industrial.

La distribución confirma que el despojo inmobiliario se convirtió en un problema generalizado que rebasa alcaldías y niveles socioeconómicos, mientras miles de víctimas continúan esperando justicia y la recuperación de su patrimonio.