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ISL/Staff

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Varios abogados postulantes han coincidido en afirmar que desde hace algunos  meses no se ejecutan, están informalmente suspendidos, los lanzamientos en la Ciudad de México, sin importar que estén apoyados en una orden de un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México.

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La policía capitalina, que juega un papel fundamental en estos actos procesales porque representa en ellos a la fuerza pública que garantiza el cumplimiento de una orden del estado para devolver una propiedad a su legítimo dueño, se niega a presentarse para acompañar tanto actuarios como abogados en la ejecución de los lanzamientos, que siempre son órdenes judiciales.

La razón  que esgrimen los agentes de la policía es que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de César Cravioto, ha emitido una directriz informal que ordena la detención de los lanzamientos, sin ninguna una razón jurídica que la avale y sin siquiera un documento que haga oficial y sustente este criterio.

 

En el derecho mexicano el lanzamiento es el acto procesal de ejecución forzosa que sirve para desalojar materialmente a una persona, inquilino, ocupante precario o invasor, de un bien inmueble y restituir la posesión física y jurídica al propietario o arrendador legítimos.

 

Un desalojo o lanzamiento se presenta en la fase final de un juicio de desahucio o de arrendamiento. Sirve para recuperar la posesión de un inmueble, pues permite al legítimo propietario volver a entrar en dominio de su propiedad para disponer de ella. El desalojo procede cuando el ocupante se niega a devolver el inmueble de forma voluntaria después de que ya ha sido oído y vencido en juicio. Esto último significa que el desalojo forzoso sólo se ordena cuando concluido el juicio, el inquilino no abandona el inmueble y lo devuelve a su propietario en el plazo que el juez le ha dado para hacerlo.

La razón que se ha expuesto, de manera informal, para suspender los desalojos, es  política.

 

Funcionarios de diferentes niveles del propio gobierno capitalino que han hablado a condición de no revelar su identidad por temor a represalias, aseguran que la decisión obedece a que se acerca el período electoral en la Ciudad de México y los desalojos son actos jurídicos impopulares porque generalmente afectan a simpatizantes del partido del gobierno.

 

Así, en aras de cuidar la popularidad política de la administración, su partido y los que serán sus candidatos en las elecciones de 2027, desde el gobierno que dirige Clara Brugada Molina se habría tomado la decisión de ignorar mandatos judiciales que ordenan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyar a los funcionariosde los juzgados, actuarios, en las diligencias de desalojo de inmuebles para restituirlos, siempre por orden de un juez, a sus legítimos propietarios.

 

Abogados consultados al respecto sostienen que esa conducta podría tipificarse como obstrucción de la justicia, además de que viola los derechos humanos de propidad y acceso a la justicia de los propietarios, que se ven impedidos de recuperar su patrimonio y disponer de él, a pesar de que ya recurrieron al aparato judicial y obtuvieron de él una sentencia que ordena que se les devuelva su inmueble.

Una orden de desalojo es un mandato judicial e incumplirla es un delito, además de que no hacer respetar las sentencias judiciales vulnera la seguridad jurídica y afecta la economía de la Ciudad de México porque desalienta la inversión y el desarrollo del mercado inmobiliario. Nadie invierte en un imueble para rentarlo si el sistema judicial y administrativo de la ciudad no le pueden garantizar recuperarlo cuando el contrato de arrendamiento ha concluio o cuando el inquilino ha dejado de pagar las rentas.